El Gobierno no prevé ampliar más allá del mes de septiembre la prohibición de cortes en servicios esenciales como la electricidad, el gas y el agua, así como la prórroga de renovación automática del bono social eléctrico, medidas que han sido aprobadas durante el estado de alarma dentro del «escudo social» ante la crisis por el Covid-19.
La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha realizado estas declaraciones durante una entrevista concedida a Europa Press en la que se ha mostrado partidaria de «poner orden» a este respecto, «en lugar de funcionar sobre la base de medidas extraordinarias prolongadas».
El pasado mes de julio, el Ejecutivo aprobó una extensión de la vigencia automática del bono social y de la prohibición de cortes de suministros básicos hasta finales de septiembre.
En abril, se extendió los colectivos que podían recibir el bono social de la electricidad, aunque se trataba de una ampliación excepcional y sólo temporal para atender la situación extraordinaria que algunos consumidores podían sufrir por la crisis por la pandemia. Así, se permitía ser benefactores a personas que cumplieran determinados umbrales de baja renta familiar y que acreditaran que eran autónomos que han cesado su actividad o que habían visto reducida su facturación en un 75% durante la emergencia sanitaria.
A este respecto, Ribera indicó que si puntualmente en los próximos meses vuelve a darse una situación extraordinaria, «pues habrá que buscar una solución extraordinaria». No obstante, ha considerado que es necesario «regular razonablemente que todo el mundo sepa a qué está jugando» con estas medidas, ya que si se prolongan en el tiempo, se trasladaría a terceros «una situación que tampoco podrían soportar mucho tiempo».
En este sentido, la vicepresidenta cuarta del Gobierno ha señalado que ya se había avanzado en «medidas de acompañamiento» con la aprobación de la Estrategia contra la Pobreza Energética, con la que se hizo «prácticamente automática» la extensión del bono social energético, y que van a seguir funcionando «sí o sí».
El 2,7% de los contratos se fueron a otras firmas en solo un trimestre, con Cantabria, Extremadura, Andalucía y Castilla la Mancha como las comunidades que más cambian. Asturias, Galicia y el País Vasco, las ‘comunidades’ más fieles a su comercializadora
En solo tres meses 809.702 contratos eléctricos pasaron a otra comercializadora del total de 29,55 millones de puntos de suministro de todo tipo registrados en el mercado español (domicilios, pymes e industrias), lo que supone una tasa de switching del 2,7%, un fenómeno que fue especialmente notable en la comunidad de Cantabria con el 3,1%) seguida de las de Extremadura (3,08%), Andalucía y Castilla la Mancha (ambas con el 3,0%), según los últimos datos disponibles de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Las cifras, recogidas por la comercializadora de renovables Unieléctrica, muestran que la tasa de cambios de comercializador (switching) del 2,7% en el último trimestre del 2019 es mayor que la de otros periodos similares y que en 12 meses más del 11% de los puntos de suministros cambiaron de comercializadora en todo el país, por encima de los 10,9% de los dos años anteriores, según recoge la CNMC basándose en sus informes.
Más sensiblemente varía la tasa de switching a nivel nacional a lo largo del propio año, una tendencia ya consolidada y siempre con un primer trimestre de muchos cambios (posiblemente al coincidir con los picos de mayor coste de la factura y aumentar la insatisfacción de los clientes) y con el tercer trimestre del año como el que menos tasa de switching presenta, algo que puede explicarse si se recuerda que este periodo incluye la época vacacional, explica Diego Montes, director gerente de Unieléctrica.
Por provincias, Albacete (3,8% de tasa de switching), Almería y Badajoz (3,3%), Granada (3,2%) y Málaga, Cantabria y Murcia (las tres con el 3,1% de tasa) han sido las de consumidores que más cambios de comercializadora eléctrica realizaron, recoge la CNMC. En el lado contrario se encuentran las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (bajo otra reglamentación eléctrica distinta a la peninsular, con el 0,8 y 0,4% respectivamente), así como las provincias de Ávila, Soria, Guipuzcoa y Zamora, las cuatro con un 2,0% de tasa switching, y sobre todo Ourense, con el 1,5%, en donde los consumidores volvieron a ser los más fieles de España a sus actuales comercializadoras, recoge Unieléctrica de los datos de la CNMC.
Por comunidades autónomas, las mayores tasas de switching del trimestre las presentan Cantabria (3,1% y 13.315 cambios de comercializadoras en total), Murcia (3,1% y 27.651 cambios) y Extremadura (también con el 3,1% y 23.416 cambios), seguidas de Andalucía (3,0% y 152.918 contratos), Castilla la Mancha (3,0% y 44.353), Madrid (3,0% y 100.000 cambios exactos), Comunidad Valenciana (2,8% y 101.000 cambios), La Rioja (2,8% y 6.908), Aragón (2,6%, ya por debajo de la media nacional, y 23.935 cambios), Baleares (2,6% con 18.979 cambios), Canarias (2,5% y con 29.679 cambios) y Navarra (2,5% y 9.861 cambios de contratos en el trimestre). Los últimos puestos lo ocuparían las comunidades de Castilla-León (2,3% y 3.372 cambios de comercializadora), Cataluña (2,3% pese a sus 124.769 cambios, siendo la primera comunidad en cifras absolutas de travase de comercializadoras en el trimestre), Galicia (2,2% con 41.208 cambios), País Vasco (2,2% con 28.740 cambios) y Asturias, la comunidad que hasta hoy es la más fiel a sus comercializadoras eléctricas con una tasa trimestral switching del 2,1% y 14.954 cambios de contratos de la luz en el último trimestre del que hay datos.
Refiriéndose al sector gasístico, la tasa se reduce en todas las provincias en consonancia a la media nacional, que estuvo en el 2,3% para los 7,92 millones de contratos registrados, una cifra que sin embargo es sesiblemente superior a otros trimestres de los últimos tres años, según recoge Unieléctrica, que en el 2018 entró también en mercado gasístico, de los datos de la CNMC.
La Comisión Nacional también da cuenta de que los tiempos medios generales para hacer efectivo el traslado del contrato en electricidad está en 3,4 jornadas, mientras que en el sector gasístico aumentaron desde los 8,5 días del primer trimestre del 2019 a los 9,4 de la actualidad.
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