Interior elimina el plazo de 48 horas para ‘desokupar’ y establece un nuevo protocolo
Nuevo revés a la okupación en España. El Ministerio del Interior ha puesto en marcha un nuevo protocolo de actuación policial para tratar de agilizar el desalojo de okupas tras la instrucción dada esta semana por la Fiscalía General del Estado. La novedad principal es que se elimina el plazo de 48 horas para proceder a echar a los usurpadores de la vivienda por parte de los agentes, según ha adelantado El Mundo.
Si el delito es flagrante o reciente se podrá echar a los okupas, pero en este caso no se establece ningún plazo legal para que los agentes devuelvan la vivienda al legítimo propietario.
Además, se establece que hay delito de allanamiento de morada tanto en la okupación primera vivienda como en la segunda residencia y en ambos casos es posible desalojar de forma inmediata al intruso sin necesidad de solicitar medidas judiciales y proceder a la identificación de los okupas y proceder a su detención.
A partir de ahora, los agentes que acudan a la vivienda okupada deberán rellenar un atestado que recoja todos los elementos que deben ser aportados a las autoridades judiciales para acreditar la comisión de un delito y la participación de sus presuntos autores. Además, el protocolo indica que si el inmueble ocupado no constituye morada se trata de una usurpación y que si el delito no es flagrante hay que solicitar el desalojo al juez.
Iglesias niega que exista un problema con la okupación
Esta medida se produce después de que el pasado miércoles el vicepresidente Pablo Iglesias negara que existiera un problema con la okupación en el Congreso de los Diputados. Según el líder de Podemos los inmuebles ocupados ilegalmente no pertenecen casi nunca a particulares y no están habitados. Suelen ser, ha dicho, de los bancos y están vacíos mientras una franja importante de la sociedad no puede acceder a una vivienda.
Las palabras de Iglesias encontraron la replica en el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su intervención en el hemiciclo. Marlaska reconoció el problema,alertó de que se está disparando y anunció medidas de su departamento para agilizar los desalojos de los okupas. Además, tampoco dejó pasar la oportunidad para culpar a los gobiernos del PP de 2011 a 2018 del aumento exponencial de este problema en ese mismo periodo por «destinar los medios del Ministerio del Interior a otros fines totalmente distintos»
La pandemia provocada por el covid-19 ha aumentado los casos de ocupaciones ilegales de viviendas, debido a la imposibilidad de los propietarios de acercarse a su segunda residencia por el estado de alarma. Según datos del propio Ministerio del Interior, la ocupación ilegal ha crecido en España desde el año 2016 casi un 50% y entre 2018 y 2019 ha aumentado un 20%, hasta las 14.394 okupaciones.
Y principalmente las viviendas más ocupadas son las segundas residencias, es decir, las que no son la residencia habitual del propietario porque los delitos cometidos son muy diferentes y las consecuencias legales para los okupas también.
Si un okupa usurpa una vivienda que no es la habitual está cometiendo un delito de usurpación de vivienda (art. 245 del código penal) y se castiga con una “simple” multa de 3 a 6 meses, que, en el caso de haber violencia o intimidación, la pena pasa a ser prisión de uno a dos años, tal y como recuerda José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler. Pero el experto subraya que los okupas conocen perfectamente este extremo y evitan todo tipo de violencia.
En cambio, las penas son mayores en caso de okupar la vivienda habitual. En estos casos, el delito cometido es el de allanamiento de morada (art. 202 del código penal) y está castigado con una pena de prisión de seis meses a 2 años, y cuando hay violencia o intimidación la pena se eleva de 1 a 4 años y una multa de seis a 12 meses.
Zurdo recomienda colocar una alarma conectada a una central. “Es fundamental porque la alarma demuestra que no has abandonado la posesión de la casa y acredita en qué momento se ha producido la ocupación”, señala. En su opinión, la clave es conocer la fecha de la ocupación ilegal, ya que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen la competencia de desalojar, sin orden judicial, una casa okupada durante las primeras 48 horas desde el inicio de la okupación.
Los expertos aseguran que, ante esta vía rápida de desalojo, los usurpadores quieren pasar desapercibidos en los primeros días de la ocupación para evitar la denuncia y que la policía pueda echarles sin mediar la orden de un juez. De ahí que la alarma que avisa directamente a los cuerpos policiales es la medida más efectiva, porque se personan en la vivienda okupada en cuestión de horas.
Al menos, la alarma evita que los okupas tomen posesión de la casa y esto significa que no logren meter sus pertenencias y enseres (ropa, cubertería, etc.). En el momento en que ha habido una posesión, entonces el desalojo es complicado de realizarlo.
Según la empresa Johnson Controls, antes la causa principal de la contratación de una alarma era claramente el miedo al robo, mientras que en los últimos años la preocupación de los clientes se ha enfocado más hacia la amenaza de okupación, afectando principalmente a las segundas viviendas”, asegura José González Osma, director de la Unidad de Negocio Residencial de Johnson Controls, que ha pasado de tener un 40% del total de sus clientes en el área residencial a contar con un 70% en apenas tres años.
El aumento de las ocupaciones y los impagos endurecen los requisitos de acceso a los inquilinos
El aumento de las ocupaciones es una realidad, especialmente en Cataluña. Según datos del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, en el último año el 61% de las fincas vacías en España han tenido casos de ocupación y en Cataluña, el 88%.
Son datos alarmantes y más los que se manejan en Cataluña: Barcelona, Gerona y Tarragona son las tres provincias con más alto porcentaje de ocupación en España. En concreto, las ocupaciones son del 14,2%, el 12,2% y el 11,5%, respectivamente, por cada 10.000 residencias. En número concretos, Cataluña registró 6.688 ocupaciones denunciadas en el año 2019. La provincia de Barcelona 5.101 -casi 18.850 acumuladas de 2013 a 2019- y el mayor índice de la península: al menos 66 cada 10.000 viviendas.
Y desde ASVAL aseguran que la morosidad en el alquiler se ha triplicado por el covid-19, pasando del 5% al 15%. Y esta asociación de propietarios de viviendas en alquiler prevé que los impagos sigan aumentando en los próximos meses si no se toman medidas para hacer frente a este problema.
José Ramón Zurdo, de la Agencia Negociadora del Alquiler, asegura que hoy en día los propietarios de pisos en alquiler ya no se fijan en la renta, sino en las garantías que les ofrezcan los inquilinos, es decir, buscan una renta más garantizada. Y para ello, acuden a un depósito o a un familiar avalista, es decir, al afianzamiento, que es cuando el padre o un familiar avala al inquilino. Así, en caso de impago del inquilino, el avalista responde obligatoriamente.
Y estas alternativas son las que buscan los propietarios debido a que el último real decreto ley sobre alquileres que entró en vigor en marzo de 2019 limita las garantías adicionales que pueden exigir los arrendadores a los inquilinos: un mes de fianza más dos meses en concepto de garantía adicional.
Sin embargo, la Agencia Negociadora del Alquiler ha observado un vacío legal que permite a los caseros aumentar sin límite dichas garantías si firman contratos por más de cinco años (o siete si el arrendador es una empresa).
José Ramón Zurdo, director general de la firma, señala que “en aquellos arrendamientos que se firmaran por períodos iniciales de más de cinco o siete años sería perfectamente posible exigir a los inquilinos más garantías económicas de las que permite el Decreto analizado; incluso también se podría incluir en este grupo de arrendamientos de larga duración a los alquileres que se suscribieran por un año prorrogable hasta seis”, añade el experto.
Los jóvenes españoles tienen un acceso bastante restringido a la vivienda al tener unos salarios bajos y una escasa capacidad de ahorro. Esto les deja en una situación de debilidad y, según ha publicado este martes el Observatorio de Emancipación Juvenil del Consejo de la Juventud de España, los menores de 34 años tendrían que cobrar el doble para poder hacer frente al pago de la renta de la compra de una vivienda. Negro sobre blanco: pasar de los 961,03 euros de media actuales a los 1.935,57 euros al mes, según los datos del segundo semestre de 2019. Solo con este aumento podrían hacer frente a los costes sin destinar más del 30% de sus ingresos. Es decir, los jóvenes están a una distancia sideral de alcanzar una situación que facilite la adquisición de una casa.
Existe tanta diferencia que resulta una quimera pensar que se pueda llegar en el medio plazo. Más si cabe con la dentellada económica que supondrá para el colectivo la crisis del coronavirus. En el caso del acceso al alquiler de vivienda la situación no es mejor: para los jóvenes de hasta 29 años, la renta del alquiler supone el 90,7% de su salario. En comunidades como Cataluña, Baleares y Madrid, este porcentaje se dispara y supera el 100%. Es decir, prácticamente imposibilita su emancipación por compra o alquiler de vivienda en solitario.
La situación económica y la capacidad de vivir fuera del núcleo familiar de los menores de 34 años está en una encrucijada. Han llegado a 2020 con una retahíla de problemas sin resolver arrastrados desde la Gran Recesión y la crisis del coronavirus amenaza con complicar todavía más la situación de una generación muy castigada. En el caso del acceso a la vivienda, por una parte, resulta muy complicado con la capacidad de ahorro de la que disponen que puedan acumular alrededor del 20% del valor de la vivienda que no suele financiar la entidad bancaria. Esto supone, según el Observatorio, contar con unos ahorros de 47.104,8 euros de media. Es decir, una entrada de 4,1 veces su sueldo anual.
“La compra de vivienda libre para una persona joven en solitario resulta inviable pues, para hacer frente al pago de la cuota hipotecaria, debería destinar el 60,4% de su sueldo neto, muy por encima del 30% que las entidades financieras suelen emplear como criterio para determinar la viabilidad de un préstamo hipotecario”, recoge el informe. Sobre el alquiler, añade que la situación empeora por la subida del precio de los últimos años, de ahí que la opción de compartir piso sea casi la única: “La opción menos costosa para las personas jóvenes que desean independizarse es la de compartir el alquiler de la vivienda con otras personas, que teóricamente podría costearse dedicando el 29,9% de su salario individual”, argumenta el Observatorio.
De esta forma, ante la imposibilidad de comprar o alquilar en solitario, los jóvenes españoles que se quieran independizar tienen tres opciones: retrasar la decisión (la opción escogida por la mayoría), participar en un proceso de adjudicación de una vivienda protegida (aunque cada vez hay menos oferta) o buscar alternativas fuera del mercado. “Una de ellas consiste en ocupar viviendas cedidas por otras instituciones o personas, presumiblemente familiares cercanos. Como ya se advirtió en 2018, la tendencia sigue siendo ascendiente en las personas jóvenes emancipadas en viviendas cedidas, del 10,7% de 2017 al 12,2% actual”, completa el informe. De esta forma, ante la imposibilidad de acceder por medios propios, muchos jóvenes utilizan inmuebles de familiares para conseguir la ansiada independencia. Aunque esto solo está al alcance de aquellos con familia que posean propiedades a las que no le dan uso. Una brecha más entre clases sociales.
Bajo nivel de emancipación
Todo esto influye en que solo el 18,7% de la juventud española estuviese emancipada a finales de 2019, a unos meses de entrar de lleno en la crisis del coronavirus. Un crack económico que puede reabrir o hacer todavía mayores la desigualdad y la situación precaria de los menores de 34 años. Y reducir el porcentaje de jóvenes independientes.
De hecho, antes de la pandemia, uno de cada cinco jóvenes con trabajo se encontraba en riesgo de pobreza y exclusión social, según el estudio. Esto es consecuencia de las condiciones laborales y de los trabajos temporales que abundan entre los menores de 34 años: de los jóvenes que trabajaban a finales del año pasado, un 55,4% lo hacía en puestos temporales. Además, estaban empleados en sectores como la hostelería o el turismo, por lo que cabe esperar que el destrozo económico que deje el coronavirus se deje sentir de manera especial en este colectivo. “Hay un gran riesgo de pérdida de nuestros empleos en cuanto esta protección acabe”, argumenta el Consejo de la Juventud.
A esto hay que añadirle contratos en prácticas o incluso en la economía sumergida. “No puede acogerse a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) quien está en unas prácticas extracurriculares o incluso quien trabaja sin contrato. Es un escenario, además, donde la búsqueda de empleo se complica, al igual que la posibilidad de tener una primera experiencia laboral”, ha destacado Manuel Ramos de la Rosa, presidente del Consejo de la Juventud, en un comunicado en el que desliza una crítica al Gobierno por dejar atrás al colectivo: “Muchas veces la realidad de las personas jóvenes pasa por debajo del radar de las medidas generales”. En este sentido, ha reclamado un cambio en los programas y ayudas a la compra o alquiler de vivienda. “Incluyen requisitos como contratos fijos de trabajo o cierta permanencia que resultan inalcanzables para muchos jóvenes. Por eso la edad media de emancipación en España se sitúa en los 29 años”, ha recordado.
Por todo ello, el Consejo de la Juventud reclama acciones de ayuda desde las administraciones. “No podemos permitirnos actuar igual que la última vez. La juventud comenzó 2020 siendo precaria, pobre y dependiente, y durante la pandemia ha sido el colectivo que más ha visto crecer su tasa de paro, que más ha necesitado acogerse a ERTE”, recoge en su manifiesto. Y reclama que se cese con el señalamiento del colectivo como culpable de los rebrotes de coronavirus: “Nos preocupa que el señalamiento que está habiendo sobre la juventud se construya sobre un estereotipo más que sobre datos reales. Es muy peligroso inventar tópicos y que estos se difundan en gran medida, pues pueden llegar a afectar incluso a las medidas políticas que se tomen. Cuando se legisla sobre un tópico en vez de legislar sobre la realidad nunca se consiguen medidas útiles”, defiende Ramos de la Rosa.
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